Izquierda Unida se
comprometió en la campaña electoral,a sacar adelante una Comisión de
Investigación en el Parlamento de Andalucía para determinar las responsabilidades
políticas, en el conocido como “caso de los ERE’s”. Hacía más de 17 años que no
se constituía ninguna comisión de investigación en el Parlamento andaluz. Tuvo
que ser fuerza determinante Izquierda Unida para conseguir que la hubiera.
Dejamos aquí el
dictamen completo http://kyp.be/8io que tiene 53 páginas. Pero reproducimos
en esta hoja una parte, la relativa a las conclusiones y, dentro de ellas, el
apartado referido a las responsabilidades políticas.
Existe,
indudablemente, una responsabilidad política directa por actuación en el ámbito
de la Consejería de
Empleo. Comenzando por la Dirección General, desempeñada fundamentalmente en
este tiempo por D. Francisco Guerrero. El realizaba las actuaciones y tomaba
las decisiones que directamente se traducían en irregularidades: intrusos,
pagos excesivos de
comisiones, distribución arbitraria de las ayudas, etc.
Esta responsabilidad
política se extiende a los que fueron sus inmediatos superiores, los Viceconsejeros
Antonio Fernández y Agustín Barberá, que permitieron actuar al Sr. Guerrero sin
ningún control, y en total libertad. Una vez más nos preguntamos: Si no controlaban
un asunto de esta trascendencia, ¿qué asuntos de la marcha de la consejería supervisaban?
¿Sobre qué informaban a su respectivo consejero?
Asimismo, la
responsabilidad de primer nivel o máxima magnitud alcanza a los que en el tiempo investigado
fueron Consejeros de Empleo: D. José Antonio Viera y D. Antonio Fernández. En primer lugar porque fueron los
muñidores del convenio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA/IDEA y
autores intelectuales del perverso diseño administrativo y presupuestario que
dio lugar a la falta de controles. En segundo lugar,porque no acertaron en la
elección y confirmación (¡por diez años!) de las personas que gestionaban más
directamente la partida 3.1.L, esto es los Viceconsejeros y el Director General.
Personas sobre las que parece no ejercían ningún tipo de control ni vigilancia.
Sobre la
responsabilidad de los Señores Viera y Guerrero, cabe destacar la discrecionalidad
arbitraria que se deduce de la concentración de ayudas en la Comarca de la
Sierra Norte de Sevilla y la particular concepción del Señor Viera sobre los
repartos territoriales de las ayudas, cuando llega a decir que el resto de
áreas o direcciones generales se encargaban de las otras zonas de Andalucía.
Ignacio García, Alba
Doblas y José Antonio Castro, parlamentarios de IU integrantes de la Comisión de
Investigación, han hecho un trabajo excelente, independiente y riguroso, alejado
conscientemente de hacer un proceso judicial, muy dirigido a determinar las
responsabilidades políticas y comprometido con la verdad y con evitar que nunca
jamás se vuelva a repetir.
Granada
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