FRENTE A LOS BANCOS Y A FAVOR DE LAS PERSONAS

Elena Cortés, Consejera de Fomento y Vivienda presentó ayer el “Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda”, un instrumento político pionero para combatir, cara a cara, el drama de los desahucios en Andalucía, rompiendo con la “falsa neutralidad” y la indiferencia con la que han actuado hasta ahora las administraciones e instituciones representativas.
El programa consiste en la apertura en las ocho provincias andaluzas de una red de oficinas que ofrecerán un servicio público y completamente gratuito de prevención e intermediación destinado a evitar los desahucios y, en caso de que se produzcan, facilitar soluciones tangibles a las familias afectadas.
La auténtica novedad de la iniciativa es la ruptura de la neutralidad que supone, ya que la Junta se sitúa, desde el principio del proceso, del lado de la víctima, dado el tremendo desequilibrio que existe entre una familia empobrecida y la entidad bancaria que viene –con el juez, con la policía, con las deudas- a quitarle la vivienda. Una administración en la que esté Izquierda Unida no puede aceptar una equidistancia que no existe.
Estas oficinas ofrecerán el servicio público y gratuito en tres áreas fundamentales. En primer lugar facilitará –en la fase de prevención- cuanta información se precise por parte de quienes estén buscando comprar e hipotecar una vivienda, procurando las mejores condiciones que se ajusten a sus circunstancias particulares, desde el principio de no neutralidad y estudiando las soluciones alternativas que puedan plantearse.
En la fase de intermediación la Junta va a situarse frente a las entidades financieras,  acompañando a las familias que así lo soliciten y sufran un endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida del empleo y, por tanto, de los ingresos y buscando las mejores soluciones para la víctima, incluyendo convenios con las entidades financieras y atención social en el caso de ser necesaria.
Por último, y ya en la fase de protección se tratará de garantizar a las víctimas de los desalojos tras la pérdida de su vivienda habitual, las soluciones sociales para evitar que caigan en el riesgo de exclusión. Aquí entra en juego el parque público residencial, procurando realojos en régimen de alquiler social. Será preciso implicar a los servicios sociales de los ayuntamientos para sumar todos los recursos disponibles a favor del derecho a la vivienda.
Esta iniciativa ha surgido tras una prologada ronda de contactos con entidades y colectivos sociales, anunciando que las oficinas estarán abiertas a la participación a los movimientos en defensa del derecho a la vivienda.
La administración así se pone al servicio de las redes de apoyo a las víctimas de la crisis, frente a los bancos y a favor de los más desiguales.